La reforma educativa promovida por el Gobierno de Patxi López, que desmantela la utilización totalitaria de la escuela promovida por el anterior Ejecutivo nacionalista de Juan José Ibarretxe, libera a la gran mayoría de los ciudadanos vascos, y especialmente a los jóvenes estudiantes, del yugo en que los independentistas habían convertido el euskera para subyugar a la mitad de la sociedad vasca no nacionalista. La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha modificado la normativa educacional marcadamente sectaria diseñada en su día por Tontxu Campos y ha elaborado un nuevo proyecto curricular en el que tanto el euskera como el castellano pueden ser utilizados como lenguas principales a la hora de transmisión de conocimientos en la escuela, facultando a los centros de enseñanza, que gozan de una autonomía importante en este tema, a aumentar las horas impartidas en un idioma u otro, dependiendo “de la realidad sociolingüística de su entorno.”
Todo esto está muy bien, sobre todo, porque comienza a desmontar el férreo e inmundo entramado de privilegios, prerrogativas y dispensas que el nacionalismo vasco había puesto en marcha, especialmente en los ámbitos educativos y sociolaborales, sobre la utilización y el conocimiento del euskera. Pero, de cuaquier modo, el actual modelo esbozado por los socialistas sigue sin dar respuesta a la que, en mi opinión, es la gran necesidad de los ciudadanos vascos demócratas: el derecho de los hombres y mujeres de este país a educar a sus hijos en el idioma que consideren oportuno.
Actualmente, cualquier niño vasco puede desarrollar sus estudios en la escuela pública vasca íntegramente en euskera. Pero, por el contrario, hoy es imposible que los niños vascos estudien íntegramente en castellano, sin tener que recurrir al euskera. De un modo u otro, de una forma más intensa o menos marcada, siempre estarán obligados, en el mejor de los casos, a tener el aprendizaje del vascuence como asignatura.
Treinta años de opresión nacionalista dan para mucho y, sobre todo, cunden mucho a la hora de convertir las mentiras y las falsedades más escandalosas en verdades inmutables. Es lo que ocurre en el País Vasco y en otras comunidades españolas, por ejemplo, con el tema del bilingüismo, una facultad que, de forma indefectible, todo el mundo relaciona directamente con poseer una gran “riqueza cultural”, olvidando que los idiomas son, fundamentalmente, herramientas de comunicación y que su mayor o menor potencial cultural depende, exclusivamente, de su número de hablantes y de su capacidad para transmitir conocimiento. Que una persona sea trilingue porque conozca idomas como el ma tike, el murrinh-patha o el mohawk, apenas hablados por unos cuantos cientos de congéneres, convierten a este persona en un excéntrico y no en un sabio. Del mismo modo, nuestros hijos estarán mucho más preparados culturalmente, tendrán muchas más herramientas para acceder a la ciencia y la tecnología, y se formarán con un gran armazón de conocimiento si su bilingüismo obligatorio incluye al inglés y al castellano (primera y segunda lengua más habladas en el mundo) y, desde luego, no serán más ilustrados porque se manejene perfectamente en un idioma folclórico, mantenido gracias al fanatismo nacionalista y observado en el resto del mundo como una interesante curiosidad antropológica, como es el euskera. La cultura de una persona no estriba en cuántos idiomas conoce sino, sobre todo, en cuáles son, concretamente, los idiomas en los que puede manejarse.
Dicho esto, defiendo rotundamente el derecho de cualquier familia vasca a que sus hijos estudiente íntegramente en euskera. Pero también quiero que las instituciones autonómicas y estatales defiendan mi derecho, y el de muchos padres vascos, a educar a sus hijos íntegra y exclusivamente en castellano. Esto es la libertad. Y, lo demás, es pura demagogia nacionalista amparada por la ignorancia que caracteriza a la presunta progresía española, sin duda, la más papanata de Europa.
Lamentablemente, una vez más debemos recordar que el Parlamento Europeo, en su último informe sobre este tema, señala, textualmente, que “es esencial salvaguardar la posibilidad de que los padres y responsables de la educación elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos en los países en que coexistan una o más lenguas oficiales”. Además, el mismo texto anuncia que “ningún escolar (de la Unión Europea) podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado.”
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar los ciudadanos vascos para poder ejercer este derecho?
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